El pasado lunes, 17 de enero se venció el plazo para que la Superservicios entregue el Essmar

Por: Redacción

El pasado lunes, 17 de enero se venció el plazo para que la Superintendecia de Servicios Públicos entregara la Essmar al Distrito, luego que un Juez Segundo Administrativo Oral del Circuito fallará a favor una Acción de Tutela y negara una aclaración.

Pero, una vez más, la Superservicios se hace la de la ‘oreja sorda’ y pasa por encima del fallo de un Juez de la República.

Ante esta situación de ilegalidad, la alcaldesa Virna Johnson acompañada de algunos miembros de su gabinete distrital hizo presencia en la sede administrativa de la Essmar para reclamar lo que le pertenece a los samarios.

“Vinimos desde las 8 de la mañana para decirle a la agente interventora, Yahaira Diaz que debe hacer cumplir el fallo emitido por un Juez de la República, se rehusa tajantemente de devolverle la empresa de servicios públicos a los samarios”, explicó la Mandataria Distrital.

De manera contundente la Primera Autoridad del Distrito, aseveró que lo que firme del 18 en adelante la funcionaria nacional está viciado de ilegalidad, que tiene que cumplir con un fallo de un Juez de la República.

Según explicó la Alcaldesa a los samarios a través de sus redes sociales, la agente interventora se basa en los argumentos, que no ha recibido instrucciones desde la Superintendecia, y es la entidad la que le debe decir como proceder.

Dejó claro además que la Superintendecia y quienes lo representan en Santa Marta han sido irrespetuosos no sólo desconociendo un fallo judicial, sino que además desconoce totalmente a la Primera Autoridad del Distrito, a quien por diplomacia e investidura se les debe respeto.

“Estuvimos en la Essmar tras cumplirse el plazo para que Superservicios acate la orden del Juez Segundo Administrativo y devuelva la ESSMAR a los samarios. Nos recibió la actitud irrespetuosa y la negativa de la agente Yahaira Díaz, advertimos que esta intervención es ilegal”, dijo la Mandataria.

La Alcaldesa Johnson estuvo respaldada por los empleados de la Essmar y de otros funcionarios del orden distrital, quien han rechazado energícamente este abuso de autoridad por parte de una entidad que dejó a la vista de la opinión pública los engaños que cometió para despojar a los samarios de una empresa de servicios públicos que estaba haciendo la gestión para mejorar el servicio tanto del suministro de agua potable como de alcantarillado.

Ante esta situación de atropello, imposición, falsedades, fue levantada un acta en donde se dejó plasmada tanto la posición del Gobierno Distrital, como las exigencias, a la que agente interventora se negó a firmar, para lo cual se le dio lectura.

LOS CRÉDITOS SON PARA LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL

Desde que se creó la Essmar, la Administración Distrital y la empresa de servicios públicos iniciaron las gestiones con el fin de cumplir con el compromiso de avanzar en el mejoramiento de la prestación de los servicios, y lograr la solución definitiva al problema del suministro de agua potable para Santa Marta.

Esto ha sido comprobado con las obras que se adelantaron desde mucho antes de la intervención, gracias a dos mujeres pujantes, guerreras y grandes lideresas que no se le arrugan a nada.

Es por ello, que hoy los resultados que está mostrando la Superservicios como logros propios, son exclusivo del trabajo de Virna Johnson como alcaldesa y Patricia Caicedo como gerente en su momento de la empresa, quienes batallaron y gestionaron para que hoy empiecen a recogerse los frutos.

“Pretenden ahora confundir y robarse créditos, los samarios saben que las obras de la Essmar en beneficio de todos son gestión e inversión nuestra y las tenían que continuar”, aseguró Virna Johnson.

Para citar algunos ejemplos, la ejecución de la obra de reposición en el colector Tamacá de la Carrera 2 entre calles 19 y 19A, en El Rodadero, la cual tenía afectada la prestación del servicio de alcantarillado en el sector, cuya obra fue iniciada mucho antes de la intervención, así como la ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Roble, entre otras intervenciones.

“La obra en la que hace alusión la Superintendente en la Avenida Tamacá es una obra que inició la Administración Distrital y Essmar antes de la intervención y logicamente tenian que terminarla, como tienen que terminar la obra de la ampliacion de la Planta de El Roble, que también, dejamos en ejecución como otros temas de acueducto y alcantarillado”, señaló la mandataria.

Anunció además que junto con el gobernador Carlos Caicedo continúa con las gestiones que contiene el convenio tripartito Alcaldía- Gobernación-Cenit para avanzar en los diseños de la planta El Curval, en una muestra de que no se detendrá en la búsqueda de la solución al desabastecimiento de agua y en optimizar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el Distrito.

¿SUPERSERVICIOS TRATA DE DILATAR?

En la mañana de ayer martes, la entidad se pronunció a través de un comunicado argumentando que dicho fallo no podía ser acatado porque excede las competencias de la Superservicios, ya que la facultad de suspender un acto administrativo recae exclusivamente en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

“La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informó en dicho documento que no está en la capacidad jurídica de cumplir la orden de suspensión de los efectos de la toma de posesión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santa Marta, Essmar, reiterada por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta, al negar la solicitud de aclaración del fallo, presentada por la entidad el pasado 16 de diciembre de 2021”, dice textualmente el comunicado.

Según sus afirmaciones, aseguran que los términos en que está expresado el cumplimiento de la orden de suspender los efectos de la toma de posesión llevarían a la Superintendencia a exceder sus competencias y a violar la Constitución y la ley.

También la Superintendencia señala que la orden está sometida a una condición imposible, ya que la resolución de toma de posesión no está ejecutoriada y, mientras no lo esté, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es improcedente. Agrega además que la entidad no es competente para suspender un acto administrativo.

“Teniendo en cuenta que la sentencia dispuso la suspensión de la resolución de toma de posesión, es evidente que al no encontrarse ejecutoriado el acto administrativo por la oportuna interposición de dichos recursos en vía gubernativa, no puede interponerse la acción contenciosa administrativa. La orden, en consecuencia, resulta antijurídica y de imposible cumplimiento”, indica el documento.

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